LAS GRIETAS

Solo cabe progresar cuando se piensa en grande

solo es posible avanzar cuando se mira lejos

Los hombres no viven juntos porque sí,

sino para acometer juntos grandes empresas
José Ortega y Gasset

La crisis política que desde años sufre la Argentina, con la mitad de la población que tironea para un lado y la otra mitad para el lado contrario, ya se ha convertido en crisis institucional. La famosa "grieta" de la que hoy tanto se habla no es más que la punta del iceberg. Además, en rigor de verdad, deberíamos hablar de "grietas", en plural, porque la sociedad argentina no está atravesada por una línea divisoria sino por varias.

Por un lado, desde su mismo origen, la Argentina nació con una división subyacente que se fue metamorfoseando y perpetuando hasta el día de hoy: realistas contra patriotas; morenistas contra saavedristas; unitarios contra federales; conservadores contra liberales; peronistas contra radicales; peronistas contra antiperonistas; peronistas contra gorilas; militares contra militantes; peronistas contra radicales otra vez; kirchneristas contra cualquier otra cosa. La lista es larga.
Por el otro lado, la propia cultura demoliberal implantada en el país – tanto del liberalismo de derecha como del de izquierda y aun a pesar de las distintas variantes más o menos nacionales – ha aportado varias otras "grietas": ricos contra pobres; creyentes contra ateos; cultos contra ignorantes; burgueses contra el "aluvión zoológico" [1]; empresarios contra trabajadores; nacionales contra cipayos; "blancos" contra "negros"… Esta lista también es muy larga.

El hecho es que la proliferación de "grietas" no es sino el reflejo de profundas fallas sistémicas subyacentes causadas por una ausencia de valores y una crisis moral que desembocan en la ausencia de una base de sustentación sólida para el poder político. Con un poder político eficaz y coherente, sustentado por un pueblo etnoculturalmente homogéneo, es difícil que se produzcan "grietas" insuperables. Por el contrario, con un poder confuso y vacilante tratando de conducir a una sociedad heterogénea, es prácticamente inevitable el surgimiento de líneas divisorias que desgarran a la sociedad intentando perseguir múltiples objetivos contradictorios. Cuando en cualquier sistema político la heterogeneidad de base no cuenta con una firme y eficaz conducción centralizada, lo que se impone no es la política sino la entropía por la cual en todo sistema de equilibrio dinámico el caos es siempre más probable que el orden. Y ésta no es una opinión emergente de alguna ideología. Es, simplemente, la aplicación consecuente del segundo principio de la termodinámica a cualquier sistema, incluso el político.

La crisis del sistema

 

A lo anterior se agrega la influencia de la actual política internacional orientada deliberadamente a la debilitación del poder político de los Estados tradicionales.

En efecto, la estrategia general de la globalización es dejarle muy poco margen de maniobra a los Estados. Durante los últimos años esto se ha visto de un modo singularmente nítido. En todas las crisis que ha padecido el sistema internacional desde el inicio del Siglo XXI, lo único que ha quedado inmune y confirmado es el modelo económico que el sistema financiero internacional ha impuesto – o por lo menos tratado de imponer – a escala global. Lo irónico del caso es que justamente ese modelo es el que ha contribuido en forma significativa a generar y a empeorar la enorme mayoría de los problemas que surgieron.

Se ha dado así el caso casi increíble de un criterio que, por un lado, genera y aumenta los conflictos pero que, por el otro lado, ante cada conflicto es propuesto como la solución al conflicto que ese mismo criterio generó. Un círculo vicioso perfecto. "Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia", o bien, "los problemas del libre mercado se solucionan con más libertad de mercado". Son frases que hemos escuchado hasta el hartazgo. ¿A nadie se le ocurrió pensar que eso equivale a decir algo así como "la gripe se cura con más gripe" o "la ignorancia se soluciona con más ignorancia?

Para colmo de males, los gobiernos, más preocupados por cosechar votos que por hacer funcionar Estados, no sólo han quedado con muy poco poder real frente al poder del dinero sino que, además, tampoco han tenido la idoneidad adecuada para ejercer la escasa capacidad de decisión que les resta. Así, los políticos no solamente se han mostrado ambivalentes, dubitativos, lentos, contradictorios y prácticamente hasta complacientes frente a la crisis sino que, cuando por fin alguno se decidió a actuar, lo hizo mal y, en lugar de fortalecerse, terminó provocando su propia crisis interna.

A estas horas en el ámbito del mal llamado populismo – y mal llamado porque no es más que simple demagogia – al menos una cosa debería haber quedado meridianamente clara: cuando a la confusión se le suma la ineptitud y ambas desembocan en un resentimiento clasista, la mezcla resulta explosiva. Las medidas que surgen de este ambiente intelectual pueden calificarse con tres conceptos: poco, tarde y mal.

La cobardía demoliberal

 

Muy en el fondo de la cuestión, todo lo que hemos vivido y padecido puede rastrearse hasta un defecto constitutivo e histórico del demoliberalismo. La cosmovisión demoliberal se fundamente en un miedo casi histérico al poder. El neoliberalismo ha heredado esto de la demagogia griega que mandaba a sus mejores hombres al ostracismo y lo ha institucionalizado distorsionando el esquema de Montesquieu al particionar al Estado en tres "Poderes" que, en lugar de cooperar y complementarse, compiten, se traban, se espían y se denuncian mutuamente.

La tergiversación en la que se basa este sistema es aquella que, en nombre de una mayor participación, confunde deliberación con decisión.

Una deliberación participativa es siempre conveniente y hasta necesaria en algunos casos. Mientras más amplia sea la base deliberativa, mayores probabilidades habrá de que salgan a luz todos los aspectos relevantes de una cuestión, porque pocas veces hay algo mejor que enfocar un mismo tema desde todos los ángulos posibles. Preguntarle a un gerente qué sucede en la fábrica nos proporciona una respuesta que muchas veces refleja tan sólo lo que debería suceder. La misma pregunta hecha al jefe de producción, al jefe de mantenimiento, al contador, al jefe de personal, a los trabajadores y hasta al portero, nos proporcionará un cuadro muy confiable de lo que realmente sucede en el establecimiento. Y la situación no es demasiado distinta en el ámbito político: la participación del Pueblo en la definición de esa realidad que es, al fin y al cabo la única verdad, resulta insustituible.

Lo que el demoliberalismo esconde sistemáticamente es que una cosa es participar en las deliberaciones y otra muy distinta es participar en las decisiones. Una deliberación colegiada arroja luz sobre determinada cuestión. Una decisión colegiada, suponiendo que la misma sea posible en absoluto, lo único que hace es diluir la responsabilidad entre un número aleatorio de personas. Por eso es que la politiquería, sea neoliberal o de izquierda, ama y adora las decisiones tomadas en asamblea mientras huye como de la peste de todas aquellas decisiones que deben ser tomadas en forma unipersonal. Porque la decisión conlleva la responsabilidad. Quien toma decisiones debe hacerse responsable por las mismas. Quien ejerce el poder debe hacerse responsable por las consecuencias que ese ejercicio ha acarreado y, por supuesto, si se le tiene miedo a la responsabilidad, la consecuencia inmediata es que se termina teniéndole miedo al poder.

Pero, aún con ser fundamental, este no es el único aspecto a tener en cuenta. Además de ello, si el poder político — al menos según la teoría demoliberal — está disponible para cualquiera, es prácticamente inevitable que traten de recortarlo, disminuirlo, constreñirlo, controlarlo, cercarlo y hasta condicionarlo todos aquellos que esperan su turno en la larga fila de los aspirantes al puesto. De este modo la crítica política deviene en chicana — cuando no en sabotaje encubierto — porque, en realidad y por más que todos se llenen la boca con discursos afirmando lo contrario, el fracaso de un gobernante abre las puertas para el próximo aspirante al cargo.

El gran argumento que se agita en esto es que, supuestamente, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La frase es ingeniosa y no del todo carente de ejemplos históricos desgraciados, concurrentes a abonarla. Sin embargo, como todas las frases ingeniosas pero superficiales, pasa por alto varios hechos básicos. En primer lugar sólo se puede corromper a alguien que está dispuesto a ser corrupto. Y, en segundo lugar, para la corrupción — al igual que para bailar el tango — hacen falta al menos dos: uno que acepte ser corrompido y otro que elija a la corrupción como método normal de operación. En última instancia, el dinero también corrompe y el "dinero absoluto" — aquél que, como nuestra deuda externa, ya tiene tantos ceros que se vuelve mentalmente inabarcable — corrompe no menos absolutamente. Resulta por lo menos curioso que el neoliberalismo propugne a grandes voces un rígido control del poder político y, simultáneamente, se oponga terminantemente al control del dinero; máxime teniendo en cuenta la dependencia directa que la política tiene hoy de ese dinero que, cuando no es la fuente, al menos es el instrumento preferido de la corrupción.

Poder y Estado

 

El criterio neoliberal con el que hoy juzgamos los hechos y los acontecimientos políticos está profunda y básicamente errado. En primer lugar, el Estado no tiene, en realidad, "Poderes" fundamentales sino funciones esenciales y complementarias. Y, precisamente porque estas funciones son complementarias, el poder político tiende, en forma natural, a unificarse. La funcionalidad complementaria exige coherencia de criterios y para que esa coherencia sea realmente eficaz, se necesita unidad de decisión o sea — lo que en política es indispensable — unidad de poder.

Lo primero que un Estado necesita es capacidad de planificación estratégica. Sin un verdadero plan, bien diseñado, bien estructurado y bien ajustado a la realidad, el discurso político naufraga en simples expresiones de deseos, declamaciones ideológicas y promesas demagógicas que después nunca se cumplen. La primera función del Estado es planificar y prever. Prever un futuro en términos necesariamente positivos y planificar las alternativas de acción y de opción para alcanzarlo. Y esta es ya la primera falla que podemos detectar en nuestro Estado actual. Por un lado nuestros insignes políticos hablan de "nuevas formas" de hacer política y del "futuro de grandeza" que supuestamente nos espera tras un ingreso al "primer mundo" en condiciones de "mayor equidad" social. Pero nadie se ha tomado el trabajo de definir esas metas de una manera objetiva, como que tampoco nadie ha hecho aunque más no sea un listado de las acciones concretas y de los objetivos puntuales, verificables, que es preciso cumplir para alcanzar esas metas. Por el otro lado, explícita o implícitamente, hemos aceptado una planificación económica impuesta por la globalización, de modo tal que no solamente no tenemos un plan político coherente sino, para colmo, hemos comprado en el exterior un "modelo" económico que fue construido sin tener en cuenta para nada nuestros propios intereses y nuestras propias necesidades. Así, no es ningún milagro que tengamos un Estado que gobierna más para los "inversores" que para su propio Pueblo, esperando que el capital financiero internacional termine resolviendo todos los problemas que la incapacidad política y el egoísmo codicioso de nuestros dirigentes impide resolver.

Lo segundo que el Estado necesita es capacidad para construir consensos. Nunca, en ninguna parte, bajo ninguna circunstancia histórica se ha dado el caso de un consenso absolutamente unánime dentro de un organismo político que abarca a millones de seres humanos. La unanimidad de la voluntad general es un escollo contra el que se estrelló hasta la teoría de Rousseau. Pero, para que esa capacidad de síntesis pueda ejercerse; para que el Estado sea, en absoluto, creíble en su intención de lograr consensos y sintetizar divergencias, no sólo debe existir la estrategia en nombre de la cual se construye ese consenso sino que, además, el criterio sustentado por la política estatal debe estar libre de sectarismos. Tenemos que entender de una vez por todas que el Estado no gobierna a la comunidad sino en nombre de la comunidad. Y esto significa que no gobierna en nombre de un sector, una clase social, una división, porción o fragmento de la comunidad, sino en nombre de todo el conjunto, entendido éste como un organismo político indivisible.

Y lo tercero que el Estado necesita es capacidad de conducción. Para ello debe tener, como mínimo, capacidad para tomar decisiones adecuadas, oportunas y responsables. No es suficiente con que cierta clase dirigente goce de una imagen de liderazgo mediático, cuidadosamente construido por los expertos en relaciones públicas y los especialistas en ingeniería de imagen para su difusión por los medios masivos. Mucho menos alcanza con que cierta jauría periodística, con el viejo truco de presentar su caprichosa interpretación personal de la opinión de la gente como Opinión Pública manifiesta, trate desesperadamente de "preservar la imagen" de ciertos dirigentes, o de ciertos cargos políticos, o de ciertas instituciones, con la ya casi universal excusa de "mantener la gobernabilidad" del sistema. Si hay crisis de gobernabilidad es porque hay crisis de conducción. Y si hay crisis de conducción es porque las decisiones se toman mal. Ya sea porque se tardan meses y hasta años en tomarse; ya sea porque se negocian en forma colectiva para que nunca aparezca un responsable que pueda ser individualizado; ya sea porque se toman optando por las medidas equivocadas; ya sea porque se aceptan bovinamente decisiones que han sido tomadas por otros en los centros de un poder supranacional que tiene la muy inteligente costumbre de negar su propia existencia.

Reconstruir al Estado 

 

Tenemos que reconstruir a nuestro Estado. Debemos abandonar el miedo al poder y atrevernos a ejercerlo en su plenitud, en beneficio de la Argentina y de los 40 millones de habitantes que viven en ella.

Para ello, lo primero que necesitamos es un verdadero Proyecto Nacional, con metas claramente definidas, y plasmado en un Plan de Acción con objetivos coherentes, viables, realistas y verificables. Lo segundo que necesitamos es construir un consenso auténtico y genuino alrededor de esta

José Ortega y Gasset
(1883 - 1955)

estrategia; sin sectarismos y sin exclusiones dogmáticas; en el sincero entendimiento de que la Argentina es de todos los que estén honesta y honradamente dispuestos a trabajar en ella y por ella. Y, finalmente, debemos ser capaces de aglutinar en una gran fuerza política a personas con suficiente idoneidad profesional, capacidad de decisión y autoridad moral como para ejecutar el Plan y alcanzar las metas del Proyecto.

Una Argentina mejor es posible. Pero no es cuestión de quedarse en soñarla. Lo que hay que hacer es construirla. Lo trágico es que esto ya debería saberlo todo el mundo porque, de hecho, se viene diciendo por lo menos desde hace 78 años. Desde que José Ortega y Gasset lanzara en 1939 la consigna:

"¡Argentinos, a las cosas, a las cosas!"

Pero parece que nadie se quiere hacer cargo de esa consigna.

Y ése es el problema.

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NOTAS
1) - Según la expresión del diputado radical Ernesto Sammartino en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, el 7 de agosto de 1947.